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Judiciales
Lunes, 11 de marzo de 2019
Solicitaron penas de hasta doce años de prisión para una banda dedicada al narcotráfico en Entre Ríos y Corrientes
Entre los imputados se encuentran empleados y funcionarios municipales, integrantes de la barra brava de Patronato y un ex policía. En marzo de 2017 se le habían secuestrado 253 kilos de marihuana durante un operativo.


El titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná, José Ignacio Candioti Puyol, solicitó penas de hasta doce años de prisión para los integrantes de una banda dedicada al narcotráfico en la provincia de Entre Ríos, a la que en marzo de 2017 se le habían secuestrado 253 kilos de marihuana. Entre los once imputados se encuentran empleados y funcionarios municipales, integrantes de la barra brava de Patronato y un ex policía. En el juicio participa también el fiscal auxiliar Leandro Ardoy.

El Ministerio Público Fiscal explicó en su alegato que la causa tuvo origen a partir de una investigación practicada en la ciudad entrerriana de Nogoyá por personal de la Delegación de Toxicología, ante la sospecha de que un individuo llamado Diego Orcellet se dedicaba a la comercialización de estupefacientes al menudeo. Ante esa situación, se dispusieron tareas de vigilancia y la intervención de líneas telefónicas, que permitieron determinar que el acusado vivía en pareja con una mujer, Solange Romero, y que ambos desarrollaban en conjunto la venta de drogas.

Las diligencias en el domicilio corroboraron actividades compatibles con el comercio de estupefacientes, como la llegada y salida de numerosas personas que concurrían en diversos medios de transporte y permanecían durante pocos instantes en el lugar. También se determinó que la pareja contaba con la colaboración de otras personas, como Cesia Romero -hermana de Solange- y la estilista Emilse Godoy.

Siguiendo el curso de la investigación, se comprobó que Orcellet se abastecía a través de una persona radicada en Paraná, identificada como Hugo Ceola, ligado a su vez con la barrabrava del club de fútbol Patronato, y con asiduos contactos con uno de sus líderes, preso por homicidio. Además, se detectó que Ceola tendría su propio grupo dedicado a la comercialización, integrado por Carlos Bernini, titular del Área Arquitectura de la Municipalidad de Paraná, y Sergio Pross, empleado municipal.

Al avanzar en la cadena de proveedores, se constató que Ceola adquiría los estupefacientes a través de Esteban y Héctor Viggiano. A su vez, ambos hermanos eran abastecidos por un hombre domiciliado en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, Sergio Molina, quien además contaba con la colaboración del ex policía Juan de la Cruz Moreno para el transporte de droga.

El operativo y las detenciones

A raíz de nuevas escuchas, se supo que el 7 de marzo de 2017 los hermanos Viggiano escoltarían un camión conducido por Moreno cargado con marihuana comprada a Molina, por lo que se allanaron los domicilios de todos los investigados, junto con un procedimiento en el cruce de las rutas 1 y 27. Moreno eludió el control y se dio a la fuga a gran velocidad por más de quince kilómetros, hasta que pudo ser detenido: se le incautó una credencial de la policía de Entre Ríos, más de diecinueve mil pesos en efectivo y un teléfono celular, mientras que en el interior del camión se hallaron doscientos sesenta y tres envoltorios de cinta de embalar tipo ladrillo con marihuana en su interior, con un peso total de doscientos cincuenta y tres kilos. Horacio y Héctor Viggiano fueron detenidos en una estación de servicio de la localidad de San José de Feliciano, y se les encontró abundante dinero en efectivo en pesos y en dólares y varios teléfonos celulares.

Al allanar el domicilio de Molina en Corrientes se secuestró una suma superior a los cien mil pesos y, si bien no se hallaba presente en el momento, fue detenido a los quince días. En la vivienda de Orcellet y Solange Romero, en tanto, se incautó una balanza de precisión y un arma de fuego tipo revólver calibre 32 mm largo cargada con seis proyectiles y con su numeración limada, de la que ninguno de los dos acusados poseía autorización legal. En el domicilio de Cesia Romero se encontró un número celular que respondía al mismo abonado al que se le habían realizado escuchas.

En la vivienda de Hugo Ceola se hallaron seis teléfonos celulares y más de ciento quince mil pesos en efectivo, junto con una balanza electrónica de precisión. En la casa de su hijo, en tanto, se halló un revólver calibre 22, ocho mil pesos y cuatro equipos de telefonía celular, junto con catorce gramos de una sustancia vegetal similar a la marihuana. En el último de los domicilios, correspondiente a Sergio Pross, se incautaron germinadores, semillas de cannabis sativa y tres dispositivos de telefonía móvil.

El alegato y el pedido de penas

Para la fiscalía, la investigación avanzó desde un grupo que comercializaba estupefacientes para luego lograr determinar los distintos grados de proveedores y vendedores y sus ámbitos de actuación, logrando así desbaratar toda una cadena de comercialización. De esta manera, solicitó que Molina, Moreno, Bernini, Orcellet, Solange Romero, Hugo Ceola y los hermanos Horacio y Guillermo Viggiano fuesen condenados como coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, mientras que Godoy, Pross, Cristian Ceola y Cesia Romero fueron señalados como partícipes secundarios. Además, Orcellet y su pareja deberán responder también por la tenencia de arma sin autorización legal y la supresión de su numeración.

La investigación avanzó desde un grupo que comercializaba estupefacientes y luego determinó los distintos grados de proveedores y vendedores, para finalmente desbaratar toda una cadena de comercialización.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal observó además que ninguno de los integrantes de esta organización eran personas que hubieran sufrido desocialización o situaciones de marginación o desocupación. De hecho, entre ellos había gremialistas, funcionarios y empleados municipales, comerciantes y hasta una agente retirado de la policía.

Así, Candioti Puyol y Ardoy señalaron que Molina era quien detentaba el rol de proveedor principal, mientras que los hermanos Viggiano eran quienes coordinaban el ingreso de la droga a la provincia de Entre Ríos, por lo que solicitó doce años de prisión para todos ellos. En el siguiente nivel de intervención ubicaron a Hugo Ceola, responsable de coordinar la provisión para los revendedores, con una pena de nueve años de reclusión. En el caso de Moreno, al tratarse de un policía retirado, se destacó que seguía teniendo un mayor deber de brindar seguridad y por ello el pedido de pena fue de ocho años.

Para Orcellet y Solange Romero, los fiscales pidieron seis años y seis meses de reclusión, una pena similar a la solicitada para Bernini. En el caso de Cesia Romero y Emilse Godoy, se destacó que su intervención en el caso fue de mayor intensidad que otros acusados por participación secundaria, por lo que la pena solicitada para ambas fue de cinco años, mientras que para Pross y Cristian Ceola lo fue de cuatro.




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