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Judiciales
Miércoles, 18 de marzo de 2020
Empresarios al banquillo en mayo por explotación laboral
Casi diez años después, a ocho empresarios acusados de explotación laboral y reducción a la servidumbre en perjuicio de unos 40 misioneros en campos correntinos deberán sentarse en el banquillo para responder por sus actos ante la Justicia.

Es que, de acuerdo a lo que pudo averiguar El Territorio, el Tribunal Federal de Corrientes fijó para el próximo 5 de mayo el inicio del debate oral y público contra los empresarios involucrados en el ardid que quedó al descubierto durante una serie de allanamientos y controles efectuados en dos campos dedicados al cultivo de eucaliptos ubicados en cercanías a Paso de los Libres.

En este punto, cabe aclarar, que la programación de las audiencias se dio en forma previa a la declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus en todo el país y modificó por completo la rutina y funcionamiento diario de todos los organismos judiciales.
A raíz de esto, al igual que una infinidad de otras situaciones, dependerá de cómo avance la situación sanitaria del país para saber si se podrá cumplir con los plazos establecidos.
La causa que deberá esclarecer en juicio comenzó a investigarse el 8 de febrero de 2011, cuando una denuncia de parte de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de Paso de los Libres advirtió que una de las fincas involucradas habría trabajadores no registrados.

Eso derivó entonces en una serie de procedimientos efectuados por el personal de la DGI-Afip donde efectivamente se encontraron 21 trabajadores realizando sus tareas en condiciones infrahumanas en un campo y en el otro 19 víctimas más en similares condiciones.
A partir de ahí la causa quedó en manos del Juzgado Federal de Paso de los Libres, que además de dictar el procesamiento de los involucrados también ordenó una serie de embargos sobres sus bienes entre 100.000 y 200.000 pesos.
La investigación continuó avanzando y en agosto de 2017 el fiscal federal subrogante de la misma jurisdicción, Aníbal Fabián Martínez, presentó el requerimiento de elevación a juicio oral y público del expediente.

En su dictamen, el mencionado fiscal dejó asentado los cuatro principales imputados son Rolando Abel D., Gustavo Javier P., Enrique Juan P. y Diego José P. Ellos están acusados como coautores de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre por ser los dueños de la sociedad implicada en el caso.
El primero de ellos era el presidente de la Cooperativo Tierra Colorada Ltda (con domicilio en Misiones) y los restantes son tres hermanos socio-integrantes de la firma chaqueña El Batelito S. A.
Los restantes cuatro involucrados que deberán sentarse en el banquillo están imputados en carácter de partícipes necesarios del mismo delito. Ellos son Nilda Laura M., Fabián K. y Mónica N., trabajadores administrativos de la cooperativa, y José H., encargado de la forestación.


El caso

En el expediente instruido en la Justicia Federal correntina se logró recolectar elementos e indicios que dan cuenta que los imputados se habrían encargado de captar a gran parte de las 40 víctimas, la mayoría de ellas oriundas de Misiones y en situaciones de extrema vulnerabilidad, para luego llevarlas hasta los campos, donde trabajaban y se alojaban en condiciones infrahumanas.
En detalle, se reconstruyó que las víctimas se dedicaban a tareas vinculadas a la poda y/o raleo de eucaliptos en jornadas de hasta diez horas, en lugares o campamentos que no contaban con agua potable, ni electricidad, ni elementos para conversar alimentos.
Tampoco habían sido provisto de las vestimentas necesarias para sus labores e incluso no tenían sanitarios, a tal punto que hacían sus necesidades en un descampado.

Según declararon las víctimas en su momento, sus estadía en los campos duraban aproximadamente 45 días, lapso en el cual dormían en condiciones de hacinamiento dentro de un viejo colectivo y en una casilla metal.

“Uno de los agentes que participó en el allanamiento a los establecimientos sostuvo que vio carne tirada en una tabla a la intemperie llena de moscas y trozos de carne vacuna cruda adentro del colectivo expuestas a la intemperie”, expresaron en su momento desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado publicado en el portal web del organismo.
Entre todas estas irregularidades, las víctimas además agregaron que los imputados tenían un almacén a través del cual ellos se proveían de los alimentos que luego eran descontados del dinero que percibían.

A mediados del año pasado la Justicia Federal le rechazó a uno de los imputados un pedido para viajar al exterior de vacaciones con su familia.
“Enfrenta una pena en expectativa que tie­ne como máximo estableci­do quince años de prisión, y si bien la severidad de la escala penal y la seriedad en la imputación no pueden, por sí mismas, justificar la denegatoria de una salida extraordinaria, indudable­mente constituyen pautas objetivas a tener en cuenta”, justificó las autoridades en el fallo.


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